Santiago Rodríguez teme retroceder, sin incentivo Ley 28-01
MONCIÓN. En Santiago Rodríguez existe el temor de que la provincia regrese a los niveles de pobreza que tenía antes, si no se extienden los beneficios contemplados en la Ley 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, y que finalizan el próximo año 2020.
“Hay una parte importante del empresariado de la capital interesada en que los beneficios se quiten. No vamos a entrar en detalles, pero hay unos amigos de grandes empresas empeñados en eso”, le asegura a un equipo de periodistas que visitó varios pueblos de Santiago Rodríguez, el presidente de la empresa Guaraguanó Foods, Nicolás Almonte. No es el único que se refiere al tema.
La 28-01 es una normativa con la que mucha gente no estuvo de acuerdo desde sus inicios. Consiguió oposición temprana, en cuanto fue promulgada en el 2001. Pero conversaciones sostenidas con personas de distintos estratos sociales de los pueblos donde las inversiones llegaron, fruto de esa ley, resaltan el cambio de vida que han alcanzado, especialmente, gracias a que lograron emplearse en alguna actividad económica, por las industrias que surgieron.
La 28-01 fue un instrumento jurídico creado con el propósito de abrir oportunidades para siete provincias fronterizas de la República Dominicana, especialmente vía los empleos. Sin embargo, por las facilidades impositivas que ofrece para las empresas que se instalen en los puntos geográficos cercanos a la frontera, generó recelos de otros sectores, entre ellos, de la industria. Y ese sector no se guarda la forma cuando tiene que emtir sus críticas sobre la cuestión.
Las provincias beneficiarias son: Monte Cristi, Dajabón, la propia Santiago Rodríguez, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales y Elías Piña.
En Santiago Rodríguez, el pedido para que las facilidades de la ley se extiendan viene de diversos lados. La diputada Nancy Santos, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se ha identificado con la posición de que continúe. “Ese instrumento ha dado vida a la frontera, pero está trunco”, aseguró recientemente, entrevistada en un programa radial, a propósito de la celebración de la Feria Multisectorial Santiago Rodríguez 2019, que se realizó del 29 de agosto al primero de septiembre. Santos es la presidente de la Comisión de Fronteras. Quizás por eso defiende “a capa y espada” que “las cosas” sigan como han ido hasta ahora, en lo referente al tema citado.
La semana pasada, al encabezar el XX Encuentro Nacional del Sector Agropecuario en Punta Cana (al Este del país), el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) Luis Bonilla, solicitó apoyo para que sea extendida la ley, que crea incentivos al desarrollo de la frontera, “ya que es el motor de arranque para las regiones más críticas del territorio nacional”.
“Con esto estaremos haciendo patria, pues sin incentivos no habrá deseos de luchar contra la falta de servicios y oportunidades” expresó.
Hablan los obispos
Ayer, en un comunicado publicado en diversos periódicos los obispos de las diócesis fronterizas Mao-Monte Cristi, San Juan de la Maguana y Barahona, indicaron que los pueblos fronterizos han reclamado hasta la saciedad mejor suerte para su gente y consideraron muy poco lo que el Estado ha implementado. “Una de nuestras principales conquistas lo constituye la Ley 28-01, que ha podido materializar un esquema de impulso empresarial y motorizar la economía de gran parte del territorio de las siete provincias que integran el círculo fronterizo, especialmente las del norte”, indicaron los religiosos. El documento lo firman monseñor Diómedes Espinal (de Mao-Monte Cristi), monseñor Andrés Romero Cárdenas, (Barahona) y monseñor José Dolores Grullón Estrella (San Juan de la Maguana). Advirtieron que miles de empleos están en juego, si los incentivos se descontinúan. Y lo están porque muchas empresas tendrían que cerrar o irse a otro lado, si no se les incentiva a quedarse.
Mientras, el representante de la empresa Guaraguanó Foods asegura que para industrias como la suya la normativa ha sido positiva, porque no se tiene que pagar Impuestos Sobre la Renta, pero sí tiene que retenerle al fisco el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios (ITBIS). Calcula que su empresa ha pagado RD$10 millones en lo que lleva funcionando la ley -por concepto de ITBIS-. “Y veo que Industrias San Miguel ha pagado una cantidad mucho mayor. Pero no es solo eso. Lo que pasa es que nosotros disciplinamos las demás empresas. Para comprar cualquier cosita tenemos que quedarnos con el recibido del RNC. Eso va disciplinando a las otras empresas y todo el mundo tiene que ir a la renta, quiera o no. Eso va motivando”, indica.
Esperan el Consejo de Fronteras se vea la cara
Parecido a Nicolás Almonte opinan varios dirigentes empresariales de los municipios de Santiago Rodríguez. “No nos podemos dar el lujo de quitar la 28-01 porque algunas personas pudientes de Santo Domingo quieran que se elimine”, plantean. “Son empresarios que merecen nuestro respeto, cariño y amor también, pero están buscando que nos dejen sin la ley. Con una empresa como la mía tú no puedes comprar dos vehículos nuevos, porque el poder adquisitivo no es tan grande. La ley no prohíbe que gente de Santo Domingo venga al Noroeste a invertir su dinero. Si usted desea, deje la capital y ruédese para acá, para las provincias fronterizas del Noroeste. Y deje que la ley camine otra vez y la renueven, pero no quiera que la tumben”, dice Almonte, mientras sonríe.
Planteó que el tema de la Ley 28-01 debe incluirse como número uno en el debate económico, para pasar revista y analizar el impacto que ha tenido en construcción, fortalecimiento y preservación de las empresas en los pueblos noroestanos que colindan con puntos fronterizos. “Debe incluirse no solo por la ley, sino también por la Constitución de la República… que se establezca que las provincias que están en la zona fronteriza deben tener algún privilegio. Aquí hay que trabajar por el bienestar de quienes se quedan en la frontera y no se marchan a la capital y de los que vienen para acá”, apuntó. Criticó que el Consejo de Fronteras integrado por más de 30 personas nunca se reúna. “No lo hacen”, aseguró.
“Hay una parte importante del empresariado de la capital interesada en que los beneficios se quiten. No vamos a entrar en detalles, pero hay unos amigos de grandes empresas empeñados en eso”, le asegura a un equipo de periodistas que visitó varios pueblos de Santiago Rodríguez, el presidente de la empresa Guaraguanó Foods, Nicolás Almonte. No es el único que se refiere al tema.
La 28-01 es una normativa con la que mucha gente no estuvo de acuerdo desde sus inicios. Consiguió oposición temprana, en cuanto fue promulgada en el 2001. Pero conversaciones sostenidas con personas de distintos estratos sociales de los pueblos donde las inversiones llegaron, fruto de esa ley, resaltan el cambio de vida que han alcanzado, especialmente, gracias a que lograron emplearse en alguna actividad económica, por las industrias que surgieron.
La 28-01 fue un instrumento jurídico creado con el propósito de abrir oportunidades para siete provincias fronterizas de la República Dominicana, especialmente vía los empleos. Sin embargo, por las facilidades impositivas que ofrece para las empresas que se instalen en los puntos geográficos cercanos a la frontera, generó recelos de otros sectores, entre ellos, de la industria. Y ese sector no se guarda la forma cuando tiene que emtir sus críticas sobre la cuestión.
Las provincias beneficiarias son: Monte Cristi, Dajabón, la propia Santiago Rodríguez, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales y Elías Piña.
En Santiago Rodríguez, el pedido para que las facilidades de la ley se extiendan viene de diversos lados. La diputada Nancy Santos, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se ha identificado con la posición de que continúe. “Ese instrumento ha dado vida a la frontera, pero está trunco”, aseguró recientemente, entrevistada en un programa radial, a propósito de la celebración de la Feria Multisectorial Santiago Rodríguez 2019, que se realizó del 29 de agosto al primero de septiembre. Santos es la presidente de la Comisión de Fronteras. Quizás por eso defiende “a capa y espada” que “las cosas” sigan como han ido hasta ahora, en lo referente al tema citado.
La semana pasada, al encabezar el XX Encuentro Nacional del Sector Agropecuario en Punta Cana (al Este del país), el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) Luis Bonilla, solicitó apoyo para que sea extendida la ley, que crea incentivos al desarrollo de la frontera, “ya que es el motor de arranque para las regiones más críticas del territorio nacional”.
“Con esto estaremos haciendo patria, pues sin incentivos no habrá deseos de luchar contra la falta de servicios y oportunidades” expresó.
Hablan los obispos
Ayer, en un comunicado publicado en diversos periódicos los obispos de las diócesis fronterizas Mao-Monte Cristi, San Juan de la Maguana y Barahona, indicaron que los pueblos fronterizos han reclamado hasta la saciedad mejor suerte para su gente y consideraron muy poco lo que el Estado ha implementado. “Una de nuestras principales conquistas lo constituye la Ley 28-01, que ha podido materializar un esquema de impulso empresarial y motorizar la economía de gran parte del territorio de las siete provincias que integran el círculo fronterizo, especialmente las del norte”, indicaron los religiosos. El documento lo firman monseñor Diómedes Espinal (de Mao-Monte Cristi), monseñor Andrés Romero Cárdenas, (Barahona) y monseñor José Dolores Grullón Estrella (San Juan de la Maguana). Advirtieron que miles de empleos están en juego, si los incentivos se descontinúan. Y lo están porque muchas empresas tendrían que cerrar o irse a otro lado, si no se les incentiva a quedarse.
Mientras, el representante de la empresa Guaraguanó Foods asegura que para industrias como la suya la normativa ha sido positiva, porque no se tiene que pagar Impuestos Sobre la Renta, pero sí tiene que retenerle al fisco el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y servicios (ITBIS). Calcula que su empresa ha pagado RD$10 millones en lo que lleva funcionando la ley -por concepto de ITBIS-. “Y veo que Industrias San Miguel ha pagado una cantidad mucho mayor. Pero no es solo eso. Lo que pasa es que nosotros disciplinamos las demás empresas. Para comprar cualquier cosita tenemos que quedarnos con el recibido del RNC. Eso va disciplinando a las otras empresas y todo el mundo tiene que ir a la renta, quiera o no. Eso va motivando”, indica.
Esperan el Consejo de Fronteras se vea la cara
Parecido a Nicolás Almonte opinan varios dirigentes empresariales de los municipios de Santiago Rodríguez. “No nos podemos dar el lujo de quitar la 28-01 porque algunas personas pudientes de Santo Domingo quieran que se elimine”, plantean. “Son empresarios que merecen nuestro respeto, cariño y amor también, pero están buscando que nos dejen sin la ley. Con una empresa como la mía tú no puedes comprar dos vehículos nuevos, porque el poder adquisitivo no es tan grande. La ley no prohíbe que gente de Santo Domingo venga al Noroeste a invertir su dinero. Si usted desea, deje la capital y ruédese para acá, para las provincias fronterizas del Noroeste. Y deje que la ley camine otra vez y la renueven, pero no quiera que la tumben”, dice Almonte, mientras sonríe.
Planteó que el tema de la Ley 28-01 debe incluirse como número uno en el debate económico, para pasar revista y analizar el impacto que ha tenido en construcción, fortalecimiento y preservación de las empresas en los pueblos noroestanos que colindan con puntos fronterizos. “Debe incluirse no solo por la ley, sino también por la Constitución de la República… que se establezca que las provincias que están en la zona fronteriza deben tener algún privilegio. Aquí hay que trabajar por el bienestar de quienes se quedan en la frontera y no se marchan a la capital y de los que vienen para acá”, apuntó. Criticó que el Consejo de Fronteras integrado por más de 30 personas nunca se reúna. “No lo hacen”, aseguró.
(Fuente: elcaribe.com.do)
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